El catedrático de Sociología Mariano Fernández Enguita (Zaragoza, 1951), ex director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), experto en innovación educativa y asesor del Gobierno para la era postcovid, arremete contra un sistema educativo «uniforme» y «difícil de mover» que se resiste a dar a cada niño la enseñanza que necesita y que ha causado que alumnos pasen de curso sin recuperar lo no aprendido por el Covid-19.
El sistema tiene un razonable equipamiento, es enteramente universal, los profesionales están bien pagados y hay buenas ratios de alumno por profesor y aula, así que el punto de partida es bueno. Lo que tiene de malo es que la formación inicial del profesorado es muy débil y que la descentralización no ha llegado a los municipios porque las CCAA retienen el poder frente al de arriba excluyendo al de abajo. La gestión se reparte entre las autoridades políticas y el docente, pero falta la parte de en medio: direcciones más fuertes, redes de centros y trabajo en equipo del profesorado. En EEUU, los países nórdicos o Reino Unido gestionan por distritos. Aquí existe un vacío sobre lo local; los ayuntamientos prácticamente sólo se ocupan de los edificios y de alguna extraescolar y muchas veces no hay relación entre la Primaria y la Secundaria.
Apunta en ese sentido. Pero un Gobierno aprueba una ley y las CCAA se dedican a neutralizarla. Ocurrió con la Lomce y ahora con la Lomloe.
Que tampoco esta ley marca avances en la gobernanza de los centros, en quién decide qué. Y no da un impulso fuerte a la innovación.
Es debido en parte a falta de formación y en parte a su disponibilidad. Hemos visto a profesores heroicos grabando las clases y a otros que se han puesto de perfil, limitándose a enviar PDF y a responder a unos cuantos mensajes, cuando el nuevo medio no permite simplemente trasladar los recursos del viejo. Ha habido diferencias notables entre centros y entre pública y concertada.
La concertada estaba más preparada: había apostado más por la digitalización y el salto ha sido más fácil. Tiene directores que dirigen -cuando en la pública no siempre tienen ganas de hacerlo y están muy atados-, selecciona a sus profesores y existe más conexión con las familias. Los concertados, además, son parte de redes y colaboran mejor. La escuela pública es un gran aparato y, si está captado por el funcionariado y por los sindicatos, es muy difícil de mover.